DERECHO M

I. INTRODUCCIÓN

La automatización del Registro Público de Comercio (RPC) tiene un antecedente más o menos reciente y directo en el TLCAN, puesto que en dicho instrumento se proyectó un prototipo de automatización del comercio de América del Norte (Prototype Data Elements) mediante la digitalización de las aduanas. Desde luego, era un primer paso que se concretaría en la modernización de los diferentes registros que de una u otra forma se hallan vinculados al ámbito comercial.

También encontramos esta huella fresca en varios preceptos, particularmente, en el título IV denominado Registro y disposiciones reglamentarias de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, cuyo texto se aprobó en la primera reunión (04-02-2002) de la sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de la OEA, celebrada en Washington, DC, y que México aún no ha suscrito, a pesar de haber jugado un papel protagónico en su elaboración.

1. De la publicidad mercantil

La publicidad, en sentido técnico jurídico " consiste en aquel conjunto de medios jurídicos previstos por el legislador a fin de hacer patentes situaciones jurídicas privadas, en interés de terceros, quienes pudieran resultar perjudicados o favorecidos por la constitución, modificación o extinción de tales situaciones".²

Nada más oportuno que este tipo de comunicaciones para dar a conocer a terceros, derechos y relaciones jurídicas ajenas, en donde ellos no son parte, pero pueden devenir causahabientes de tales supuestos, y encontrarse legitimados frente a las partes, precisamente, por la apariencia que genera su publicidad; en tal virtud, resulta trascendente tanto la existencia real del derecho, como la manera y la forma en que éste patentiza y exhibe públicamente su apariencia. Al respecto, muy pertinente la locución l´essere sta nel parere [el parecer (la apariencia) es un modo de ser (existir)]. En efecto, esta idea se reitera al afirmar que: " El registro y la publicidad elevan al valor de realidad jurídica, por más que ésta pueda faltar en el fondo, la apariencia declarada en el registro Lo que en este respecto ocurre tratándose del estado de comerciante acaece también en cuanto a la existencia de una sociedad de tipo determinado de la autorización y otorgamiento del poder".³

Verdaderamente, la publicidad es el pilar cardinal de la estructura del derecho mercantil, impronta indefectible del desplazamiento vertiginoso de los negocios y definición oportuna de las relaciones jurídicas. Se trata no sólo de un mecanismo para dar a conocer los actos, los hechos y la actividad mercantil, sino también de una herramienta conveniente para oponer a terceros, al público en general, algunas situaciones jurídicas, cuando ellas devienen públicas mediante su inscripción en los registros, particularmente en el Registro Mercantil (RM).⁴

De aquí que el R⁵ se haya instituido: " Más que en beneficio particular del comerciante, en interés de los terceros que con él entablan relaciones de negocios. El conocimiento de la verdadera situación jurídica y económica del comerciante es algo que interesa, en último análisis, a la circulación de la riqueza y prosperidad económica y social".⁶

Conocido es que, sobre este punto, la doctrina no acusa perplejidad. Muy elocuente y apropiada es al respecto, la opinión que expresa:

El propósito de la ley al establecer el registro mercantil es que conste de una manera oficial y auténtica la situación jurídica de un comerciante, esto es, el conjunto de las obligaciones y derechos que respectivamente haya contraído o adquirido y que necesariamente afectan su activo y pasivo, revelando a los que quieran hacer operaciones o abrir crédito al comerciante de que se trate, el grado de seguridad que puedan tener para celebrar esos actos, de manera que predomine la buena fe, la confianza y la garantía de lo conocido en todas las transacciones relacionadas con el comercio. Siendo éste el objeto del registro, es claro que su omisión debe traer consigo, dentro de los límites definidos por la ley, la nulidad de los actos no registrados en tanto que ellos perjudiquen los derechos de terceras personas en cuyo beneficio se ha establecido esa formalidad.⁷

2. De la publicidad legal

Este medio, que la ley instaura como obligatorio, concede y hasta cierto punto obliga al conocimiento de algunos hechos y relaciones privadas, a través de su difusión en instrumentos de comunicación colectiva (periódicos, radio, TV, internet), inserción de avisos en publicaciones oficiales, primordialmente, en el Diario Oficial de la Federación, órgano de divulgación del gobierno federal (la autorización o cancelación al notario o corredor público para acceder al Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) debe publicarse en dicho medio informativo, cfr. artículo 14, pfo. penúltimo del Reglamento al Registro Público de Comercio —RRPC— en relación con el 30 bis-1, CCo.), pero también en otros impresos especializados como la Gaceta de la Propiedad Industrial (artículos 8o. de la Ley de la Propiedad Industrial —LPI— y 2o., 13-15, sobre todo artículo 14 del Reglamento a la LPI —RLPI—), y mediante la inscripción y reproducción de datos en los registros públicos.⁸

Conviene apuntar que normalmente la inscripción en México, a diferencia de otros sistemas legales, no va seguida de una publicación efectiva en determinados periódicos oficiales o particulares, como es el caso de Alemania, España o Francia, entre otros.

Es claro que la herramienta que en esta ocasión capta nuestra atención es el RPC; ciertamente, en él se han de inscribir personas, documentos y bienes que se involucran y conectan con el tráfago mercantil; y conforme a nuestro sistema registral publicitario, su asiento (Beurkundungen) beneficia a las partes de los actos jurídicos relativos, respecto a que, amén de ser eficaces entre ellas, son oponibles a terceros (vulnera a éstos); inversamente, si no se inscriben ampa- ran a terceros, tanto porque no les son objetables y pueden desdeñarlos (si son de buena fe) como porque sí pueden afectar a las partes, precisamente, por no surtir efectos ante terceros. Son éstas las consecuencias, positiva o fructífera la primera y, negativa o lesiva la segunda (artículo 27 relacionado con el artículo 29, CCo., y artículo 2o., RRPC).⁹

II. CONCEPTO DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

1. Legal

" El Registro Público de Comercio tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros" (artículo 2o., pfo. 1 del vigente RRPC).¹⁰

2. Doctrinal

Es una institución de derecho mercantil de carácter público y federal, conformada por varios archivos de bases de datos (central y locales), regidos por un programa informático denominado Sistema Integral de Gestión Registral (Siger), mediante el cual se realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de los actos o hechos jurídicos mercantiles, así como los relacionados con los comerciantes, llámense personas físicas o jurídicas, que conforme a la legislación lo requieran para surtir efectos contra terceros, y cuya operación está a cargo de específicas dependencias de la Secretaría de Economía (SE)¹¹ y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en las Entidades Federativas (el Distrito Federal inclusive), en términos del Código de Comercio (CCo.) y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 constitucional.¹²

El artículo 19 del CCo. — antes de la reforma de 1994— ordenaba la matriculación de los buques en el RM. Al respecto, hemos de señalar que dicha función fue asumida por el Registro Público Marítimo Nacional con fundamento en los artículos 14 y 3o. transitorio, fr. III de la Ley de Navegación, 37 a 63 del reglamento a dicha ley.¹³

III. LA DIGITALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. COMIENZA UNA NUEVA ÉPOCA

Ahora bien, a partir de 1997, prácticamente se inició una nueva etapa para el RM mexicano. Efectivamente, el programa de modernización tecnológica comenzó en dicho año cuando se buscó desarrollar un sistema para automatizar los registros públicos en el país. Antes de 1997, el recurso informático era insignificante, en gran parte de nuestra república se realizaba un manejo manual con papel. Las oficinas que tenían sistemas apoyaban su administración en libros. En la mayoría de los estados, estos sistemas eran simplemente un índice. Había sistemas en Fox, otros con Informix, incluso algunos con Oracle. Pero todo estaba orientado a complementar la información en libros y no a reemplazarla. Ahora, todos los estados que conforman la república mexicana utilizan estos nuevos sistemas.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 ya se refería a la modernización de los servicios registrales de comercio para un verdadero fortalecimiento de la seguridad jurídica a través de la automatización de los sistemas registrales.¹⁴

En efecto, este instrumento establecía entre sus objetivos:

La modernización de la administración pública y la consolidación de un régimen de seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de los bienes y las transacciones de los particulares, para contar con una administración pública accesible, eficiente y al servicio de la población, que se encargue de promover la inversión y propiciar el sano desempeño de las actividades productivas y garantizar la transparencia en las relaciones jurídicas de las personas (2.2, objetivo específico número seis).

En la línea de acción " Seguridad Jurídica en la Propiedad de los Bienes en los Derechos de los Particulares" allí mismo se expresa claramente que:

En el ámbito de la propiedad particular habrá de realizarse un esfuerzo de coordinación entre las distintas instancias de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo programas de regularización y titulación de predios y, de manera particular, modernizar los registros públicos de la propiedad, buscando la rapidez y transparencia de las inscripciones. Todo ello permitirá ofrecer seguridad a la propiedad de bienes inmuebles y a la posesión que se tenga con arreglo a la ley, requisito indispensable para garantizar las inversiones (2.3.6, último párrafo).

Más tarde, el Programa de Comercio Interior, Abasto y Protección al Consumidor 1997-2000, previó que el fortalecimiento de la seguridad jurídica requería de una modernización de los servicios registrales de comercio y de la propiedad, para lo cual propuso promover, en coordinación con los gobiernos estatales, la modernización de los registros públicos de las entidades federativas.¹⁵ En tal sentido, durante 1998, la SE firma los convenios de colaboración con los distintos estados de la república —excepto con el DF— precisamente para la realización de los trabajos de modernización de ambos registros. Dos años después, el 29 de mayo de 2000 aparecen importantes y definitivas reformas al Código Civil (CC), al CCo. (capítulo II del título II), al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) y a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) que regulan el comercio electrónico y la automatización del registro mercantil; con esto se dio soporte legal al procedimiento automatizado registral mercantil, amén de quedar legalmente reconocido el sistema informático desarrollado e instaurado por la SE. Después de dicho acontecimiento, todavía durante 2000, la SE publicó el 18 de septiembre de 2000 (DOF) los Lineamientos para la Operación del RPC (LORPC), documento muy importante que, entre otras disposiciones, contempla la generación de firmas electrónicas; en misma fecha, dicha instancia oficial difundió las formas precodificadas que habrían de utilizarse para las inscripciones y anotaciones en el RPC. Un día después, la propia SE suscribe convenios de colaboración para la emisión de certificados digitales con el fin de participar en el Programa de Modernización Digital con el Colegio Nacional de Correduría Pública, AC, y con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, AC (19 de septiembre de 2000). Más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (DOF, 30 de mayo de 2001), dentro de su objetivo rector para elevar y extender la competitividad del país, señala como estrategia para crear infraestructura y servicios públicos de calidad, continuar con la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio, y buscar el intercambio interinstitucional de información.¹⁶ Dicha secretaría, durante 2002, suscribe convenios de coordinación para la operación del RPC con los 31 estados de la república. Además, el 13 de junio de 2003 (DOF), se reforma el artículo quinto transitorio del decreto del 29 de mayo de 2000, mediante el que se ordena la captura del acervo histórico del RPC, y se fija el 31 diciembre de ese año como fecha para concluir dicha tarea. Finalmente, el 24 de octubre de 2003 se publicó en el DOF el reglamento al RPC, disposición fundamental para el adecuado funcionamiento del registro.

Conviene indicar que existe un Instituto Mexicano del Derecho Registral, AC, cuyo objetivo primordial es agrupar a todos los que se encuentren vinculados con el derecho registral, con el fin de profundizar en el conocimiento de dicha disciplina e impulsar su desarrollo en todas sus manifestaciones.